En una movida que sacude el panorama político de Puebla, Paola Migoya, representante destacada de Unidos por Puebla, ha dado un paso al frente al presentar una demanda contra el exalcalde Eduardo Rivera Pérez. La acusación gira en torno a presuntos desvíos de fondos públicos que ascienden a más de 100 millones de pesos durante la gestión de Rivera Pérez, de los cuales, según las alegaciones, una suma significativa de 19 millones de pesos habría sido destinada a la encuestadora Massive Caller.
La acción legal emprendida por Migoya arroja luz sobre prácticas financieras cuestionables durante la administración de Rivera Pérez, un tema sensible que no solo afecta la credibilidad de la figura política en cuestión, sino que también plantea interrogantes sobre la transparencia y la integridad en el manejo de los recursos públicos.
La elección de Massive Caller como receptor de una porción considerable de los fondos desviados añade una capa adicional de intriga a este drama político. Se espera que la investigación y el proceso legal subsiguientes arrojen luz sobre la relación entre Rivera Pérez y la encuestadora, así como sobre la legitimidad de los servicios proporcionados y los pagos realizados.
La reacción del público y la comunidad política a estas acusaciones serán cruciales en determinar el curso de los acontecimientos. Con la atención de los medios puesta en este caso, se anticipa un escrutinio detallado de las pruebas presentadas y un debate público sobre la responsabilidad de los líderes electos frente a sus electores.
En conclusión, la demanda interpuesta por Paola Migoya contra Eduardo Rivera Pérez marca un hito importante en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito político de Puebla. Con el proceso legal en marcha, se espera que se haga justicia y se restaure la confianza en las instituciones democráticas.